Gerardo Pérez Sánchez

El Ministerio de Justicia español participa en diversos programas de cooperación internacional que tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio público que presta la Administración de la Justicia. Uno de esos grupos en los que España está incluido es el denominado “Grupo de Estados contra la Corrupción”, conocido las siglas GRECO. El GRECO fue creado en 1999 con el fin de mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional y para vigilar el cumplimiento de las normas establecidas por el Consejo de Europa  contra la corrupción.

La evaluación de su cumplimiento se lleva a cabo mediante un proceso de evaluación, cuyo objeto es la identificación de las lagunas existentes en las políticas nacionales anticorrupción y la propuesta de reformas legislativas e institucionales. Las evaluaciones comprenden la visita al país, la elaboración de los informes con las recomendaciones del GRECO y la presentación por parte del país evaluado de un informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas. GRECO se configura como un grupo abierto, no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa, de modo que cualquier Estado puede adherirse al grupo siguiendo los procedimientos establecidos. En la actualidad, GRECO está integrado por 49 Estados miembros (48 Estados europeos y los Estados Unidos de América).

Hace unos meses este grupo emitió un informe dedicado a España en el que efectuó las siguientes recomendaciones para nuestro país, diferenciando entre consejos dirigidos a los parlamentarios, a los jueces y a los fiscales: 

a)    Para los Parlamentos, sugiere que se redacte un código de conducta que sea público para la ciudadanía sobre prevención de conflictos de intereses, reglamentación de los regalos que se pueden recibir o el aprovechamiento de ventajas y beneficios por el ejercicio de los cargos,  estipular mejor las actividades adicionales que pueden tener los parlamentarios y los posibles conflictos de intereses que de ello pudieran derivarse. Se recomienda configurar una institución de asesoramiento confidencial para el asesoramiento sobre cuestiones éticas. También se aconseja tratar cómo pueden influir los grupos de presión en la actividad parlamentaria.

b)    Con relación a los jueces, se recomienda reevaluar la regulación legal del Consejo General del Poder Judicial y potenciar la independencia real del órgano, al percibirse deficiencias en este apartado. También se pide por parte de la Comisión objetivar y plasmar en la ley los criterios y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos más altos del Poder Judicial, es decir, Presidentes de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y los jueces del Tribunal Supremo, con el fin de asegurar que estos nombramientos no pongan en duda su independencia  y su imparcialidad, así como la transparencia de este proceso. Se hace especial hincapié en adoptar un código de conducta para los jueces, de fácil acceso para el público, que se complemente, que sea público y conocido, y extender el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios.

c)    En cuanto a los fiscales, se pide reconsiderar el método de selección del Fiscal General y establecer mayor transparencia en la comunicación entre la Fiscalía y el Gobierno, así como estudiar nuevas formas para proporcionar una mayor autonomía en la gestión de los medios de los servicios de la fiscalía y, en los demás apartados, implantar un código de conducta con orientación específica sobre los conflictos de intereses y otras cuestiones relacionadas con la integridad. Igualmente, como en el punto anterior, se hace especial hincapié en adoptar un código de conducta para los fiscales, que sea público y conocido, y extender el plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios. Por último, replantearse el procedimiento disciplinario, asegurando las debidas garantías de imparcialidad.

Tras todo ello, el comité GRECO invita a las autoridades de España a que presente un informe sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones antes mencionadas.

Pese a que las recomendaciones de este grupo especializado contra la corrupción salieron en los principales medios de comunicación, la reacción del Gobierno ha sido tibia, por no decir inexistente. Semejantes conclusiones, pocos meses después de la polémica reforma del Consejo General del Poder Judicial, con el proyecto sobre la mesa para que los fiscales instruyan en los delitos, con el sector de la Justicia clamando contra la Ley de Tasas Judiciales, no ha debido sentar demasiado bien en el seno del Gobierno. Pero no parece desprenderse de la actitud gubernamental española que su intención sea ponerse manos a la obra para corregir todas las deficiencias detectadas por el Consejo de Europa e impulsar inmediatamente las reformas necesarias para implantar las recomendaciones. El rumbo de la Justicia que marca el actual ministro Gallardón no parece variar y, desde luego, es antagónico al que quiere marcar la brújula europea, el sentido común y la esencia de la calidad del Estado de Derecho. Solo el futuro evaluará si España cumple o no con lo requerido desde los ámbitos internacionales. Personalmente, soy pesimista al respecto pero, a pesar de ello, no pierdo la esperanza y, sobre todo, no voy a dejar de hacer oír mi voz para lograr una mejor Justicia para mi país.