Gerardo Pérez Sánchez

Pese a las notables diferencias entre la deriva soberanista catalana y el empeño del Gobierno canario en convocar una consulta y sacar las urnas a la calle el próximo 23 de noviembre, existen, en ambas actitudes, unos preocupantes paralelismos que emborronan este vigente modelo democrático del que tanto presumimos y que, supuestamente, nos afanamos en defender.

Así, las llamadas a la desobediencia civil provenientes de los sectores independentistas y de los partidos políticos que impulsan la convocatoria del 9 de noviembre han traspasado la línea de la mera oratoria para convertirse en hechos, ya que, tras la orden del Tribunal Constitucional de suspender las actuaciones tendentes o vinculadas a su preparación, se ha continuado adelante con ellas desde las instituciones de Cataluña, designándose una “Junta Electoral” para llevar adelante el proceso.

A su vez, el Presidente del Ejecutivo Canario, a preguntas de los periodistas, dejaba entrever que una hipotética paralización de su consulta popular por parte del Alto Tribunal tampoco les desviará de su marcada hoja de ruta, insistiendo en que, aun en esa circunstancia, seguirán “el rumbo que nos marque la sociedad canaria”.

Resultan preocupantes estos posicionamientos de diferentes cargos públicos, ya sean diputados o Presidentes autonómicos, con los que defienden su resistencia rebelde a cumplir con uno de los pilares básicos de nuestro modelo de libertades, que no es otro que el acatamiento de las resoluciones judiciales. Porque, en su retórica, comenten la enorme torpeza e incurren en la grave irresponsabilidad de enfrentar dos conceptos que inexorablemente van de la mano: Estado de Derecho y Democracia. Según su discurso, los ciudadanos se ven abocados a optar entre la votación ideada por ellos o entre el cumplimiento de los mandatos de los jueces, como si se hallaran ante la disyuntiva insalvable de dos nociones antagónicas.

Pero resulta evidente, claro y manifiesto que, tanto en nuestro modelo constitucional como en los de los Estados de nuestro entorno, la Democracia sólo puede ser concebida dentro del respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico y a las decisiones judiciales, de la misma forma que las normas aplicadas en un sistema de libertades deben ser aprobadas tras unos procesos electorales libres. Una Democracia construida de espaldas a la legalidad constitucional no es una Democracia. Así de simple. Porque incluso la Democracia tiene sus reglas y, por ende, sus límites. Si no se conocen o, si conociéndolos, se incumplen, los ideales democráticos se transforman en burdas pantomimas situadas en las antípodas de los dignos principios de esa participación ciudadana que se pretende potenciar. Y tal escenario no puede tener lugar en una Democracia en serio. A lo sumo, podría encajar en una Democracia en broma y, además, de pésimo gusto.

Por lo tanto, esa dialéctica propia de algunos políticos, empeñados en oponer la participación ciudadana a la legalidad y la expresión democrática al respeto a las decisiones de los jueces, no sólo es peligrosa sino que evidencia la ignorancia y el desprecio más absolutos hacia los principios más elementales del movimiento de libertades constitucionalistas que, pese a sus más de doscientos años de historia, han de ser todavía apuntalados para su consolidación y afianzamiento. Cuando las proclamas se piensan desde el carnet de unas siglas políticas y cuando la guía es la estrategia electoral, la erudición desaparece.

En cualquier caso, Paulino Rivero mantiene una ventaja sobre Artur Mas a la hora de no acabar protagonizando acciones de desobediencia manifiesta, ya que una supuesta impugnación por parte del Gobierno Central, si bien produciría inicialmente la suspensión de la consulta en virtud de la automática previsión del artículo 161.2 de la Constitución Española, contaría a la larga con mayores posibilidades de aprobar un test de constitucionalidad. El informe de la Abogacía del Estado que alega la vulneración de hasta ocho artículos de la Carta Magna con este proceso, al considerarlo un referéndum, es, a mi juicio, muy discutible. La ley canaria que ampara el llamamiento a la ciudadanía es de 2010 y no ha sido recurrida. Además, la polémica pregunta se centra en un presunto modelo medioambiental y turístico inserto en el espacio competencial de la Comunidad Autónoma. De modo que, aunque es obvio que no se nos pregunta lo que realmente se nos quiere preguntar (si los canarios estamos o no de acuerdo con las prospecciones de gas y petróleo) y corremos el riesgo de que el resultado de la consulta se aplique de forma torticera a esa cuestión que en realidad no se nos ha formulado, su encaje dentro del ordenamiento jurídico es mucho mayor que el caso catalán.