Gerardo Pérez Sánchez

La ley española que regula los partidos políticos, si bien establece que estas particulares asociaciones se ajustarán en su organización, estructura interna, funcionamiento y actividad a los principios democráticos, no impone en modo alguno el sistema de primarias para la elección de candidatos a presentar como cabeza de lista en las diferentes elecciones. Se establece que los órganos directivos de tales partidos se determinarán en sus respectivos estatutos y que deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto, pero dentro de ese concepto de “órganos directivos” no se incluye al candidato a las elecciones.

También se recoge en la norma legal que los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos, y que los afiliados tienen derecho a participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, así como a ser electores y elegibles para sus cargos. Tampoco de este apartado se puede concluir exigencia alguna de utilizar la fórmula de las primarias para la designación de los puestos en las candidaturas que concurran a los procesos electorales. Por lo tanto, la ley delega en la reglamentación interna de cada partido cómo se procederá a la elección de las personas que lo representarán en los diversos comicios a los que concurra.

Pese a que esta norma legal española es relativamente reciente (del año 2002, con reformas puntuales posteriores), parece resultar desfasada para los tiempos que corren y para la progresiva demanda de participación más directa de la población en las decisiones que afectan a la estructura democrática del sistema. Las primarias no son una panacea perfecta que carezca de inconvenientes pero, sin duda alguna, suponen un salto hacia adelante, tanto cualitativo como cuantitativo, en lo referente a la legitimación del elegido y a la lucha contra la galopante desafección de la ciudadanía hacia los políticos y sus partidos.

Frente a la designación “a dedo presidencial” o de un concreto comité o asamblea reducida, las primarias son el modelo más acorde con las sociedades democráticas avanzadas. Ello no garantiza que el candidato elegido no se convierta en un fracaso a posteriori, como tampoco el sistema democrático asegura que los mandatarios que reciben las actas de diputado o senador después de cada cita electoral no acaben provocando la decepción y frustración más absolutas en sus electores. Dicho de otro modo, el proceso democrático no supone ni supondrá nunca una garantía de pleno acierto en la elección sino, sencillamente, el establecimiento de un procedimiento que asegure la participación libre, periódica y sin restricciones a la población. Como decía Karl Popper “somos demócratas, no porque la mayoría tenga razón, sino porque las tradiciones democráticas son las menos malas que conocemos”.

En este sentido, las elecciones primarias son cerradas cuando sólo votan los afiliados del partido y son abiertas cuando puede votar cualquier persona, siempre que cumpla ciertos requisitos, tales como manifestar un compromiso con los principios o valores del partido o abonar una pequeña cantidad para costear el proceso de elección.

Su uso en países como EEUU, Francia, Italia o Reino Unido ha animado a muchas formaciones políticas a recurrir a ellas con la esperanza de alentar y reforzar la conexión entre sus bases y sus organizaciones. En España contamos con un primer precedente en el año 1998, cuando el PSOE eligió a Josep Borrell como candidato a la Presidencia del Gobierno. En aquella ocasión se trató de primarias cerradas, limitadas a los afiliados del partido y cuya participación alcanzó la cifra de doscientos mil votantes. Sin embargo, en la actualidad se está generalizando este método de competición interna en partidos como Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, por citar sólo algunos ejemplos. Es, sin duda alguna, la correcta línea a seguir, y se alza como una de las mejores vías para devolver la confianza y la ilusión a una ciudadanía tan indignada como pasiva.