Gerardo Pérez Sánchez

Decía Theodore Roosevelt que “una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”. Actualmente, estamos encorsetados por unas reglas de juego que se están revelando como inapropiadas para el progreso de nuestra sociedad. Vivimos en un sistema parlamentario, lo que significa, entre otras cosas, que los ciudadanos eligen a sus representantes en el Parlamento o en las corporaciones locales pero que no deciden directamente ni a los Presidentes de los Gobiernos (ya sea el central o los autonómicos) ni a los alcaldes. Su ulterior designación se deja en manos de esos diputados o concejales elegidos en las urnas bajo la presunción (la mera presunción) de que aquello que decidan será el fiel reflejo de la voluntad popular. Sin embargo, abundan en la historia de nuestro país ejemplos muy significativos de que el sistema no funciona con la precisión y la sensatez que debería.

Hace algunos años, se llegaron a aliar en las Islas Baleares hasta cinco formaciones políticas de ideologías muy dispares con el único fin de impedir la llegada al gobierno del partido que quedó a un exiguo puñado de votos de la mayoría absoluta. Asimismo, en el archipiélago canario somos especialistas en que las siglas más votadas (el PSOE hace cinco años y el PP en 2011) sean desterradas a la oposición como consecuencia de un pacto entre los perdedores del apoyo popular y que, como consecuencia, Coalición Canaria ejerza la labor gubernamental sin haber ganado las elecciones.

El hecho cierto es que, mientras nadie esté por la labor de modificarlo, éste es el sistema electoral que padecemos, tremendamente imperfecto y, para colmo de males, sin ninguna intención de cambio. Y ello por mucho que su ausencia de lógica y de sentido común sitúe a nuestro modelo de Estado y a nuestra forma de Gobierno en el centro de las críticas de los ciudadanos en general y de los analistas políticos en particular.  Condenando al olvido las palabras de Roosevelt y conscientes de los defectos internos que impiden mayores cotas de desarrollo, vivimos anclados en unas fórmulas caducas con el único argumento de que, como son legales, son legítimas, premisa sumamente correcta para quien tenga un mente limitada y negada a un progreso y a una excelencia a años luz de nuestro sistema político.

El caso es que, siguiendo la máxima de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, las vigentes normas electorales han permitido a las minorías gobernar como si fuesen mayorías o, al menos, influir como si contaran con un respaldo popular del que, en realidad, carecen. Los partidos nacionalistas se han comportado en el Congreso de los Diputados y se han relacionado con los Gobiernos de la Nación como si fueran grandes partidos de masas. Y esta paradoja se ha producido exclusivamente por la nula visión de quienes, no habiendo obtenido mayoría suficiente para gobernar -en su momento, tanto PP como PSOE- se han empecinado en lanzarse en brazos de los nacionalistas con el único fin de asegurarse una legislatura cómoda. De ahí es justamente de donde proviene el grueso de los males que estamos pagando a día de hoy y que, desgraciadamente, seguiremos pagando durante mucho tiempo.

Sin embargo, no faltan algunos ejemplos puntuales en los que los dos partidos mayoritarios y, en principio, antagónicos han sido capaces de obviar sus diferencias y han apostado por gobernar conjuntamente en aras del bien común y del interés general de la ciudadanía. Así, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular del País Vasco se unieron para desbancar del poder a un Partido Nacionalista Vasco que ostentaba el poder de la Comunidad Autónoma Vasca desde la Transición y en la actualidad se escuchan bastantes voces favorables a la reedición de la misma alianza en el ejecutivo canario. El partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ha propuesto idéntica fórmula en Asturias, incluso en detrimento de sus aspiraciones a lograr una cuota de poder en el hipotético Gobierno del Principado y dando una lección en defensa de los intereses generales de los ciudadanos que deben trascender a los partidismos.

Puede que no sea la solución ideal pero, dadas las circunstancias, constituye una opción válida para la actual coyuntura que padecemos. Mientras no se reforme esta nefasta Ley Electoral, o se instaure la segunda vuelta, o se apueste por otra fórmula en la que el pueblo elija directamente a los diferentes gobiernos a conformar, las fuerzas que acumulan mayor apoyo electoral estarán eternamente condenadas al enfrentamiento y a la estrategia del desgaste al contrario para optar a una futura cuota de poder. Pero, de ser así, habría que reconsiderar la esencia misma de unos partidos políticos que, a todas luces, ya no sirven para lo que fueron creados.  Tal y como defendió Roosevelt hace siglos, es imprescindible avanzar para que nuestra democracia sea grande o para que, al menos, sea democracia.