Gerardo Pérez Sánchez

El médico y psicólogo austriaco Alfred Adler acuñó una célebre frase en la que manifestaba que “es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos”. Efectivamente, es frecuente que las personas redacten discursos en defensa de ideales nobles y bienintencionados pero, al llevar a la práctica esa teoría, se observa la enorme distancia que media entre las palabras pronunciadas y los actos consumados y es en ese momento cuando la lista de  incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen aumenta a un ritmo vertiginoso.

Es muy común para nuestros mandatarios llenarse la boca con la importancia de la participación popular en nuestro sistema político. La fórmula de “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” que utilizó Abraham Lincoln hace casi doscientos cincuenta años y recogida literalmente por la Constitución francesa y por toda la teoría constitucionalista impone, necesariamente, una conexión clara, férrea y sin concesiones de la ciudadanía con sus instituciones y su norma suprema. En las universidades se enseña a los estudiantes de Derecho cómo la posición predominante y jerárquicamente superior de las Constituciones tiene que ver, en buena medida, con la participación directa de los ciudadanos en su elaboración y, cada vez con más evidencia, se percibe que la colectividad ansía ser tenida en cuenta y que el caduco sistema de la democracia representativa evolucione o dé paso a fórmulas de democracia directa.

Sin embargo, al paso que vamos, nuestra Carta Magna va a ser reformada en breve por segunda vez y nuevamente en ausencia de referéndum. La cuestión  no es ni si estamos ante una actuación jurídicamente correcta ni si se puede alegar algún vicio de inconstitucionalidad por excluir de esta consulta a los verdaderos soberanos. Es evidente que existe una corrección formal y que, a tenor de la literalidad de la norma, no puede exigirse que dicha consulta se celebre. La gran pregunta es por qué nuestros políticos tienen tanto miedo a que el pueblo se  pronuncie en las urnas. Las razones que nos llegan estos días a través de los medios de comunicación son de lo más pintoresco. Algunos creen que supondría generar todavía más inquietud en los mercados financieros. Otros defienden la idea de que resulta innecesario conocer la opinión de los votantes. También los hay que consideran que no existe una corriente de exigencia lo suficientemente relevante.

De lo que no cabe duda es que, en futuras campañas electorales, esos mismos representantes volverán a vendernos las virtudes de la democracia popular, enarbolando banderas y vomitando arengas en las que defenderán el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la triste realidad es que cada vez se cuenta menos con ese pueblo. El nuestro es un sistema electoral anticuado que no sirve para plasmar la voluntad de la ciudadanía pero los dirigentes no quieren ni oír hablar de referéndums. Como bien decía Alfred Adler es más fácil luchar por unos principios que vivir conforme a ellos. Yo, particularmente, no veo que la casta política practique muchos de los principios que dice defender.