ESTADO HUÉRFANO Y ACOBARDADO
La semana pasada tuvieron lugar dos acontecimientos que evidenciaron la auténtica situación de orfandad que padece nuestro Estado Constitucional. Por una parte, la deserción de quienes deben actuar eficazmente en su defensa. Por otra, la asombrosa capacidad de mirar hacia otro lado de algunos órganos llamados a ser los protagonistas activos en el aseguramiento del cumplimiento de la Constitución. Y, por último, la sorprendente y discutible habilidad de otros para tergiversar sus funciones y mutarlas arbitraria y discrecionalmente.
El primero de ellos tiene como protagonista al Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que, además de confirmar la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales, contiene varias reflexiones sobre la actuación tanto del Ministerio Fiscal como de la Abogacía del Estado en dicho procedimiento. El citado Tribunal se asombra de la coincidencia entre los recursos del abogado defensor de la hermana del Rey y del Ministerio Público -también, curiosamente, en defensa de aquella-, llegando a afirmar que éste último “carecía de interés en recurrir y, por consiguiente, de legitimación o que, al menos, ésta resulta altamente discutible”. Pero es que, además de censurar el alineamiento del Fiscal con la defensa, manifiesta que “resulta llamativo que el Ministerio Fiscal critique y censure la labor del Juez Instructor en lo que respecta a sus competencias y posicionamiento adoptado, quejándose de haber asumido funciones acusatorias y un papel que no le corresponde, cosa que no es verdad (…), cuandolo que verdaderamente puede resultar chocante o discutible es que el Fiscal recurra en apelación el Auto, ya que el papel que le otorga la ley ante el mismo consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo, solicitando en tal caso el sobreseimiento que corresponda”.
Continúa la Audiencia afirmando que «tampoco deja de sorprender que el Fiscal y la Abogacía del Estado se muestren ambos de acuerdo en que existió delito fiscal y, en cambio, contrariamente a la opinión judicial, entiendan que la deuda tributaria resultante ha de ser satisfecha por un solo deudor (Urdangarín o Diego Torres), cuando, probablemente, lo razonable sería que esta cuestión se decidiera contradictoriamente en un juicio oral y, por tanto, con sometimiento a los principios de audiencia, inmediación, contradicción y publicidad».
En definitiva, que la Sala cuestiona la labor de quienes, teniendo encomendada la defensa de la ley y la función de persecución del delito, deciden renunciar a sus funciones y adoptar sorpresivamente las de la defensa, ya que con ello trasciende la imagen de que en este proceso la defensa del interés general y de la legalidad han estado desasistidas por quienes las tenían encomendadas, constituyendo un peligroso precedente de cara al futuro. Y que, pese a no haber sufrido mayores consecuencias gracias a las decisiones de los jueces, deja sin duda un mal sabor de boca para todos aquellos que confiamos en que las instituciones cumplan fiel y honestamente con la labor que están obligadas a llevar a cabo.
El segundo es, obviamente, la celebración de la consulta catalana del 9 de noviembre y que, pese a haber sido calificada de “alternativa”, “simulacro” o cualquier otro término más o menos ocurrente, ha constituido una innegable claudicación del Estado de Derecho ante el fuerte empecinamiento de la voluntad nacionalista. Se trata de un claro ejemplo de que, en ocasiones, ni las leyes ni las sentencias de los tribunales son capaces de prevalecer ante la prepotencia y la determinación de quienes se consideran por encima de ellas y es un triste y nocivo antecedente que sirve para exhibir sin pudor las carencias de nuestro sistema y su falta de madurez y consolidación.
El Presidente del Gobierno de España, después de meses y meses jurando y perjurando que la votación en cuestión no iba a producirse, y pese a disponer al cien por cien de la fuerza de la Constitución y del amparo de las resoluciones judiciales, ha decidido mirar hacia otro lado, poniendo en práctica por enésima vez esa habitual seña de identidad que le caracteriza.
Así pues, nuestro Estado está huérfano y acobardado, superado por los acontecimientos y desnortado. Y quienes nos dedicamos con pasión a enseñar sus bases en las Universidades, nos sentimos ya sin apenas argumentos para seguir explicando una teoría que cada día se aleja más y más de la realidad.
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