Gerardo Pérez Sánchez

En las últimas semanas han sido numerosas las noticias sobre resoluciones muy relevantes dictadas por jueces e, incluso, por Tribunales Constitucionales. No menos reveladoras han sido las reacciones que éstas han suscitado en algunos representantes populares, evidenciando con ellas su auténtica visión acerca de la labor de los órganos jurisdiccionales que, por lo visto, pasa por someterse a las directrices políticas sin contradecirlas ni rechistar. Con el hipócrita y maquiavélico argumento de que tales decisiones judiciales van en contra de postulados democráticamente aprobados, ponen de manifiesto que, frente a su esfuerzo por aparentar respeto a las reglas esenciales de nuestro modelo constitucional (separación de poderes, igualdad ante la ley, Estado de Derecho,…), basta con rascar mínimamente en su discurso para que salga a la luz la verdadera esencia del poder: no soportan que se les controle, les irrita que se les contradiga y rechazan someterse a la Constitución y al resto del ordenamiento. En otras palabras, presumen de ser demócratas siempre y cuando estén cómodamente instalados en la mayoría pero, si están en minoría, entonces repudian esas mismas reglas. Y, en buena lógica, respetan al Poder Judicial cuando éste les da la razón pero, en caso contrario, muestran su rostro más dictatorial.

El Tribunal Constitucional portugués acaba de dictar un fallo por el que anula varias medidas económicas de su Gobierno (entre ellas, la supresión de las pagas extra a los funcionarios) y, ante eso, muchas voces se han alzado recriminando la resolución de los Magistrados, acusándoles de poner en peligro la recuperación económica del país vecino, su credibilidad ante los mercados y el cumplimiento de sus compromisos con Bruselas. Como si la misión de dichos Magistrados fuera intervenir en asuntos financieros o garantizar los pactos establecidos con la Unión Europea.  En definitiva, múltiples acusaciones de minar los esfuerzos por controlar el déficit luso pero ni un solo reproche jurídico a la sentencia. Ninguna reflexión sobre la constitucionalidad del dictamen pero numerosas presiones para que sus conclusiones jurídicas coincidieran con la voluntad gubernamental.

Por lo que se refiere a España, dos resoluciones han puesto en evidencia la calidad democrática de los dirigentes catalanes. La primera, la sentencia del Tribunal Constitucional 47/2013 de 28 de febrero que desestima una demanda de la Generalitat contra el Real Decreto 828/2003 de 27 de junio que establece los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. El TC atribuye la competencia estatal a dicha etapa de escolarización. La segunda, el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la escolarización en castellano. Frente a ambas decisiones judiciales, la reacción de los gobernantes nacionalistas ha sido la misma: les da exactamente igual lo que digan los jueces y no van a variar ni un ápice sus políticas educativas. La Consejera Irene Rigau ha declarado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ciclo de preescolar «no cambia nada». Asimismo, y con relación al uso del castellano, ha manifestado abiertamente que «no ejecutará la resolución judicial». Es más que evidente que se consideran por encima del modelo constitucional, que no conciben que se les pueda llevar la contraria y que se escandalizan cuando la judicatura anula sus directrices.

Son tan solo algunos ejemplos. Podría citar más. ¿Para qué creen algunos políticos que sirve un juez? Anclados en la concepción decimonónica de que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas (faltaría más) por la ciudadanía, tal concepción hace aguas cuando se refiere a ellos en su condición de representantes del pueblo. En su opinión, nadie puede cuestionar las decisiones tomadas desde su legitimidad como cargos públicos. De lo contrario, tachan semejante osadía de escandalosamente antidemocrática. Así de patética es su visión de la democracia, escondida bajo una minúscula y frágil apariencia de respeto a las reglas del juego y que exponen únicamente en sus discursos ante el electorado. De ahí a la caricatura del modelo de libertades y al acercamiento a los sistemas totalitarios sólo hay un paso.