Gerardo Pérez Sánchez

El fundamento de la separación de poderes no es otro que evitar un exceso de acumulación de poder en una única persona o institución. También tiene por objeto que unos órganos sirvan de freno y contrapeso de otros y que efectúen labores de control sobre los demás. Pese a ser uno de los principios básicos del sistema constitucional y estar proclamado formalmente en las Cartas Magnas de un modo claro y riguroso, su contenido de fondo queda finalmente diluido por una serie de prácticas poco confesables. Varias noticias publicadas la pasada semana dejaron patente el deseo de las formaciones políticas de controlar la Justicia, lo que se traduce en que la función de control que ésta debe desempeñar queda desdibujada en lo que a la fiscalización del poder se refiere.
La primera fue una entrevista del diario El País a María Emilia Casas, en la que la ex Presidenta del Tribunal Constitucional reconocía abiertamente la existencia de presiones y el intento de politización por parte del Gobierno de la institución que ella presidía. La segunda informaba de que el recientemente creado “Consell de Garanties Estatutàries” pasaría a estar “controlado” por CIU y ERC en virtud del reparto de asientos que ambos partidos nacionalistas catalanes se distribuyeron a la hora de elegir a los miembros del citado órgano, cuya misión se supone que es la salvaguarda del Estatuto de Cataluña. La tercera noticia incluía unas declaraciones del dirigente del Partido Popular Esteban González Pons sobre la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de decretar el ingreso en prisión para algunos condenados por falsedad y fraude de subvenciones, entre quienes se encuentran varios dirigentes de la Unió Democrática liderada por Josep Antoni Duran y Lleida. En la resolución judicial se indicaba literalmente que, ante la situación de crisis generalizada, resultaría «hasta obsceno que desde uno de los Poderes del Estado se tomasen decisiones que alentasen o, desde luego, no supusiesen un freno o cortapisa a la materialización de conductas que comportasen un uso indebido, por ilegítimo, de fondos o caudales que, por su naturaleza pública, forman parte integrante del patrimonio del Estado». Consecuentemente, denegó la suspensión de la pena privativa de libertad para los condenados, ordenando su ingreso en prisión. Pues por lo visto esta decisión de los jueces no ha gustado al señor Pons que, si bien al inicio, manifestó que la respetaba y que no la iba a valorar, acto seguido procedió a criticarla, argumentando que “los jueces no están para intimidar a nadie».
Pero ¿quién intimida a quién? Porque la Historia está llena de ejemplos en los que los Poderes Legislativo y Ejecutivo tratan de aniquilar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial porque no soportan la idea de ser controlados. Y no es de ahora, es de siempre. Por ello, no sorprende en absoluto que el Partido Popular durante sus años en la oposición repitiese machaconamente su propósito de retornar al modelo de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial anterior al año 1985 –mayoritariamente elegidos “por” jueces y “entre” jueces, no como ahora, que lo es en su totalidad por órganos políticos y en función del reparto de cuotas de poder- cuando llegara al Gobierno. Asumir el Ejecutivo y olvidarse de aquel loable propósito ha sido todo uno. Curiosamente, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsado por Gallardón adopta el modelo implantado por el PSOE a mediados de los ochenta.
H. Böll afirmaba que “es nefasto que una democracia encomiende el Gobierno a un partido, que el Gobierno se confunda con el Estado y que el Estado se identifique con el partido”. O salvamos a la Justicia del tsunami que provoca ese afán de las formaciones políticas de controlarlo absolutamente todo o perderemos definitivamente este modelo de Estado del que presumimos y por el que tanta gente ha luchado durante siglos.