Gerardo Pérez Sánchez

La cuestión de la aceptación o no de la vestimenta de las mujeres musulmanas en las sociedades occidentales, donde se propugna el  principio de igualdad, se revela como una de las controversias jurídicas más espinosas de los últimos tiempos. La Audiencia Nacional ha dictado recientemente una resolución en la que avala la prohibición a una presa islamista del uso del “hiyab” dentro de la prisión. Dicho Tribunal estimó el recurso del Ministerio Fiscal, anulando la previa autorización de un Juez de Vigilancia Penitenciaria, y concluyendo que tal medida no viola el derecho a la libertad religiosa de la joven de 20 años, detenida por su presunta pertenencia al Daesh.

La motivación del escrito se basa en dos factores. El primero alude a los problemas de seguridad aducidos por Instituciones Penitenciarias ante una prenda que oculta cabello, oídos y cuello y que sólo deja al descubierto una reducida parte del rostro. A juicio de los magistrados, la limitación de su uso está amparada en razones derivadas de la seguridad, dadas las dimensiones del atuendo, la dificultad de identificación y la posibilidad de ocultación de objetos prohibidos.  El segundo, se centra en el uso que la reclusa otorga a la prenda para reivindicar el yihadismo y llevar a cabo una labor de radicalización de otras internas que  profesan su misma religión. En la resolución se da por probado ese afán propagandístico, que obra en detrimento de la finalidad rehabilitadora y reinsertadora de la pena. Como prueba del carácter controvertido del asunto, uno de los magistrados ha emitido un voto particular considerando que el veto al “hiyab” supone una injerencia en el derecho fundamental a la libertad de manifestar las propias convicciones religiosas.

Sería deseable en este punto analizar la diversidad de vestimentas de referencia y sus posibles características diferenciales (no es lo mismo un “burka” que un “nikab”, un “hiyab” o un “chador”) pero, en cualquier caso, lo cierto es que esta polémica no se circunscribe exclusivamente a las cárceles. A principios del presente año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en la que analizaba la utilización de símbolos religiosos, como puede ser el velo islámico, en el ámbito laboral, y la posibilidad de que su prohibición pudiera considerarse discriminatoria.

El Alto Tribunal de Justicia analiza la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y lo que en la misma se entiende como principio de igualdad de trato. El fundamento de la decisión se basa en la previa existencia de unas normas internas en la empresa relativas a la neutralidad con relación a cualquier tipo de signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas, aplicadas por igual a todos sus trabajadores. En ese sentido, la conclusión es que dichas normas, al aplicarse a todos ellos, no establecen diferencia alguna. Por lo tanto, la prohibición de llevar velo u otro símbolo religioso en el trabajo no se declara discriminatoria por estar vinculada a un régimen de neutralidad aplicable de una forma congruente y sistemática.

Sin embargo, la polémica ha alcanzado a más órganos judiciales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha estudiado el tema. Cabe citar la reciente sentencia de 1 de julio de 2014 relativa a la norma francesa que estableció la prohibición del velo integral en lugares públicos. En ella se no consideró dicha legislación contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. En cuanto a la seguridad y al orden público, se asume como válido que un Estado considere esencial identificar a los individuos para prevenir lesiones sobre la seguridad de personas y bienes, así como para luchar contra el fraude de identidad. En ese sentido, se avala la necesidad de despojarse de indumentarias con connotaciones religiosas en el marco de controles de seguridad y la obligación de aparecer con el rostro descubierto en las fotografías destinadas a documentos oficiales.

Sea como fuere, además de lo manifestado anteriormente, me gustaría concluir este artículo llevando a cabo una reflexión sobre la naturaleza misma de esta polémica y sobre quienes, amparándose en la libertad religiosa, critican las normas y decisiones tendentes a limitar o prohibir estas vestimentas. Me pregunto qué grado de libertad existe realmente. O, dicho de otro modo, me cuestiono si se está hablando de la imposición del velo integral (burka y niqab) en un contexto de subordinación y marginación femenina, incompatible con los valores que conforman las sociedades democráticas. Sería preciso reflexionar sobre si unas mujeres educadas, influenciadas y mediatizadas por un entorno que les reclama constantemente posturas de sumisión, sometimiento y ocultación pública, deciden libremente. ¿Qué nivel de libertad subyace en la decisión de ponerse un burka? O, contemplado desde el punto de vista contrario, ¿una musulmana que vive en una sociedad cuya religión establece semejantes cánones puede escoger no llevar velo islámico? ¿A qué nos referimos cuando aludimos al término “libertad” seguido del calificativo “religiosa”? ¿Podemos hablar de libertad religiosa cuando esa propia religión no reconoce la libertad del individuo?

El propio T.E.D.H. consideró hasta qué punto tanto la religión que obliga al uso de la prenda, como la norma que lo prohíbe, coloca a las afectadas frente a un complejo y perverso dilema, que puede ocasionarles la consecuencia de aislarlas y ser rechazadas por sus familias y por la comunidad en la que desarrollan su vida diaria. Si eso es así ¿de qué libertad hablamos? Es posible que en la época del Absolutismo algunos individuos asumieran su condición de súbditos, pero su resignación y la aceptación de esa situación no les convertía en hombres libres.

Si al proclamar la libertad religiosa debemos aceptar los postulados de una religión que relega, margina, discrimina y subordina a la mujer por el mero hecho de serlo, entonces, por pura coherencia, al proclamar la libertad ideológica debemos aceptar las ideologías y los partidos políticos que defienden barbaridades como la discriminación por razón de raza. Hay que extremar, pues, el cuidado respecto a los límites que queremos establecer o, como mínimo, reflexionar acerca de ello. Y la solución no va a ser sencilla. Cada vez que se produzca un choque entre dos Derechos Fundamentales (el derecho al honor con el derecho a la información, el derecho a la seguridad con el derecho a la libertad, etc…), cualquier decisión implicará la asunción de riesgos. Si favorecemos más a uno, limitaremos entonces al otro. La repercusión de la libertad religiosa sobre la libertad en general y sobre la igualdad es muy trascendente. No existen soluciones mágicas ni inocuas que contenten a todo el mundo pero, de la opción escogida, dependerá el tipo de sociedad que seamos en el futuro.

El pasaje bíblico que relata el enfrentamiento de David contra Goliat ha sido siempre un referente para todos los luchadores en situación de desventaja. También suele constituir una fuente de esperanza para quienes aspiran al triunfo del bien sobre el mal, incluso a pesar de la ausencia de una aparente igualdad de armas y fuerzas. Existen a día de hoy numerosos ejemplos de contiendas entre partes cuya desigualdad de medios es patente y manifiesta. Una de las que más titulares de medios de comunicación ha copado es la entablada entre los consumidores -simples particulares- y las entidades bancarias. Las cláusulas abusivas impuestas por los bancos en sus hipotecas, préstamos y demás contratos han dado lugar a un número considerable de batallas legales que, tras no poco tiempo y paciencia invertidos, empiezan a generar algunos frutos. Los jueces han jugado un papel fundamental a la hora de proteger a la parte más débil de dicha relación. Junto a buena parte de los miembros de la Abogacía, han conseguido anular estas prácticas poco transparentes, desequilibradas e injustas.

Cabía pensar que, ante semejante combate, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial -en consonancia con los pronunciamientos judiciales de las instancias nacionales y europeas- tomarían medidas para amparar a los ciudadanos que, como meros consumidores, deben reclamar sus derechos frente a potentes multinacionales y empresas de inagotables recursos. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el órgano de gobierno de los jueces han adoptado una serie de resoluciones a favor claramente de la Banca, con la pretensión de influir en esta disputa de largo recorrido ante en los Tribunales.

Para empezar, el Gobierno Central dictó el Real Decreto-Ley 1/2017 con el inapropiado nombre de “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”. El hecho de que todas las asociaciones de consumidores criticaran aquella medida normativa de forma unánime ya era un indicador de hasta qué punto se trataba de una mera cortina de humo para aparentar que se tomaba la iniciativa y se daba respuesta a un problema grave.

Lo cierto es que quedó justamente en eso, en una apariencia, en puro teatro, pues los grandes beneficiados fueron nuevamente los bancos. Se les concedía una moratoria que dilató artificialmente la resolución del conflicto y que, en la práctica, no ha ayudado en nada a los particulares. Quienes se lanzaron a acogerse al citado Real Decreto como solución a sus problemas, se han dado de bruces con el fraude de que las entidades financieras no están obligadas a nada. Ni siquiera tienen que contestar a las solicitudes que reciben y, cuando lo hacen, sus destinatarios reciben respuestas negativas estereotipadas e idénticas, formularios ajustables a cualquier supuesto previamente redactados y, desde luego, sin aplicar la clara jurisprudencia sobre la denominada “cláusula suelo”.

Tal vez alguien piense que el Ejecutivo tampoco debería decantarse a favor de los consumidores en esta pugna legal y que tendría que limitarse a adoptar una postura neutral, sin dotar de políticas proteccionistas a ninguna de las partes. Sin embargo, tal reflexión es errónea. El artículo 51 de la Constitución, incluido dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica, establece literalmente que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Es decir, que por mandato constitucional nuestro Gobierno no debe abrazar una conducta pasiva. No obstante, lo que yo denuncio aquí no es que, pese a esa clara orden contenida en nuestra Constitución, el Ejecutivo haya pretendido ser neutral, sino que, para colmo, haya perjudicado a los consumidores y haya ayudado a los bancos, lo que añade a su incumplimiento una agravante adicional.

Aun después del desengaño derivado de la ineficacia de esta medida gubernamental, los afectados han seguido acudiendo a los tribunales y, en este punto, ha sido el Consejo General del Poder Judicial el encargado de ponerles más piedras en el camino y más obstáculos en el ejercicio de reclamación de sus derechos. En lugar de permitir que los jueces de Primera Instancia acojan estas demandas o de, en su caso, dotar de más medios a los juzgados ya existentes, han tenido la pintoresca idea de concentrar todo este tipo de reclamaciones en tan sólo cincuenta y cuatro juzgados, repartidos por todo el territorio español. Por seis votos a dos, la Comisión Permanente del C.G.P.J. decidió que esa avalancha de decenas de miles de reclamaciones previstas se tramitase en apenas medio centenar de juzgados que ya han nacido colapsados. En un mes han recibido cerca de dieciséis mil demandas. Con esta progresión, antes de final de año el número de casos se habrá elevado a cien mil. La consecuencia es tan previsible como inevitable: los consumidores se verán atrapados en una telaraña judicial que eternizará la resolución de sus conflictos. Por lo tanto, la medida del C.G.P.J. beneficia nuevamente a los bancos, que no tienen ninguna prisa por devolver un dinero incorrectamente cobrado. A ellos la ralentización del proceso no les supone inconveniente alguno.

Hasta el momento se han presentado cinco recursos contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial. Uno de ellos, por el Consejo General de la Abogacía Española. Los ochenta y tres Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y su rechazo al plan del C.G.P.J., puesto que agrava el problema que, supuestamente, trata de solucionar. Esos cincuenta y cuatro juzgados designados carecen de capacidad para absorber tantas demandas y no se les ha dotado ni de medios ni de presupuestos por parte del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones.

Quienes están llamados a velar por la Administración de Justicia y a preservar los derechos de los consumidores se están dedicando a torpedear sus legítimas reclamaciones, ya avaladas por las más altas instancias judiciales españolas y de la Unión Europea. Pretenden amañar un combate de por sí desequilibrado. Y, por enésima vez, seremos los jueces y los abogados quienes debamos enfrentarnos a esas enormes dificultades. Me temo que no procede esperar ninguna ayuda de los Poderes Púbicos. Esa es la triste realidad.